Hombre de a pie

diciembre 10, 2010

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

La retroactividad de las leyes implica que su aplicación no sólo sea sobre hechos futuros sino que también pueda aplicarse a hechos anteriores a su promulgación. Sin embargo, dicha posibilidad se contempla solamente en casos que no puedan perjudicar los intereses de los imputados. Este principio de irretroactividad, que busca proteger a los ciudadanos induce en algunas ocasiones la generación de hechos que no son siempre deseables. Citaremos dos casos:

El pasado 4 de noviembre, María Teresa Fernández de la Vega tomó posesión como miembro permanente del Consejo de Estado. En términos económicos esta designación le supondrá ingresar 142.367 euros anuales como resultado de dos sueldos (83.578 euros como miembro del Consejo de Estado y 58.789 euros como indemnización por haber cesado en el cargo como vicepresidenta del Gobierno
María Teresa Fernández de la Vega tiene 61 años y en caso de que dentro de cuatro años se jubilara, no cobraría la máxima pensión que es 34.526 euros. Esta cantidad sería menos de la mitad de lo la ex ministra percibirá en su jubilación como consecuencia de su nombramiento en el órgano consultivo del Gobierno. Resulta un contraste, que María Teresa de la Vega que atendiendo a los malos tiempos económicos bajó el sueldo de los funcionarios y congeló las pensiones, reciba en su persona estos favores.

Es también interesante resaltar el decreto-ley de reordenación del sector público que aprobó el Gobierno andaluz el pasado 27 de julio y que ha desencadenado protestas y manifestaciones entre los funcionarios públicos, que exigen a la Junta la derogación del nuevo decreto ley, dado que la norma favorece la “contratación a dedo” y el “enchufismo”.
El Gobierno andaluz acordó el pasado 29 de octubre con UGT y CCOO (sindicatos minoritarios con un 12,27% y 17,27% de representatividad respectivamente) dar el visto bueno al decreto, dejando al margen al resto de sindicatos con representación en la Mesa de la Administración General, Los sindicatos mayoritarios en la Mesa de la Administración General, CSIF (27,27%), SAFJA (22,73% y USTEA (19,55%) han realizado protestas masivas contra el decreto de reordenación e intentan que no se aplique la Administración paralela planificada por la Junta de Andalucía por la que 20.000 personas (personal laboral) entrarían como funcionarios sin oposición, ni examen.

El principio de irretroactividad, hará imposible que María Teresa Fernández de la Vega deje de disfrutar de sus dos sueldos o de la pensión de jubilación (mayor del doble que la máxima) y que los 20.000 trabajadores, si son habilitados como funcionarios sin oposición, ni examen, pierdan su categoría.

Este nombramiento y este decreto hacen pensar que se ven amenazas de un final próximo y se actúa a semejanza del administrador infiel de la parábola de JESÚS.

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